El poder tiene oficinas que no aparecen en el organigrama. Desde ellas se decide qué merece indignación, qué debe olvidarse y a quién conviene convertir en culpable. Sus ocupantes no necesitan rendir protesta. Les basta con disponer de una pantalla, una fortuna y la paciencia necesaria para repetir una versión hasta que el público termine confundiéndola con la realidad.
En su mensaje del 30 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador volvió sobre ese poder. La cobertura de su intervención recoge una crítica a propietarios de medios, plataformas digitales y comunicadores a quienes acusa de manipular la información.
Tiene razón en colocar esa discusión frente a los ciudadanos. La democracia necesita examinar a quienes influyen en la opinión pública con el mismo empeño con que examina a quienes ocupan un cargo. Una empresa informativa puede investigar al gobierno; sus intereses y sus métodos también deben admitir preguntas.
La libertad de expresión protege ese escrutinio en ambas direcciones.
Hay una comodidad muy antigua entre quienes administran prestigios: presentar sus decisiones editoriales como si fueran ajenas al dinero, a las relaciones empresariales y a las preferencias políticas. Pero seleccionar una noticia, colocarla en primera plana y mantenerla durante semanas constituye un ejercicio de influencia. Ese ejercicio merece transparencia.
El ciudadano tiene derecho a conocer los intereses que acompañan a la información que recibe. Tiene derecho a preguntar por los conflictos de interés, por la publicidad gubernamental y por la diferencia entre una investigación y una operación de desprestigio. En esa exigencia, el argumento de López Obrador resulta defendible.
También merece respaldo su advertencia sobre la mentira repetida. Una acusación puede recorrer miles de teléfonos antes de que alguien examine su origen. Cuando llega la aclaración, el daño ya encontró domicilio. La sospecha se instaló en la sobremesa, entró en las conversaciones familiares y adquirió esa peligrosa apariencia de verdad que concede la familiaridad.
La repetición puede dar a una falsedad una autoridad que las pruebas nunca le dieron.
Por eso hay que tomar en serio el señalamiento del expresidente. Si una publicación contiene documentos, testimonios verificables y una explicación honesta de sus límites, debe discutirse por su contenido. Si descansa en insinuaciones, recortes interesados o afirmaciones que sus autores saben falsas, corresponde exhibir ese proceder.
La crítica al gobierno es indispensable. Precisamente por eso necesita conservar su credibilidad. Un periodismo que permite que la hostilidad dicte sus conclusiones termina debilitando la función pública que dice defender.
López Obrador llevó su denuncia al extremo de hablar de neofascismo y comparar determinadas prácticas de comunicación con las de Hitler y Goebbels. Así lo recogen las transcripciones periodísticas de su mensaje.
La advertencia merece atención: degradar al adversario, fabricar enemigos y sustituir la deliberación por una hostilidad permanente son conductas que una sociedad democrática debe vigilar. La historia de la propaganda nazi muestra hasta dónde puede llegar una maquinaria de comunicación puesta al servicio de la persecución y la violencia.
Esa misma gravedad obliga a cuidar los conceptos. Calificar a una persona o a una organización como neofascista requiere demostrar algo más que sus mentiras o su oposición a un gobierno. El fascismo comprende un proyecto autoritario, excluyente y contrario al pluralismo.
Respaldar a López Obrador en su denuncia de la manipulación exige sostenerla con pruebas. Una defensa seria de su argumento debe poder identificar la falsedad, mostrar cómo se difundió y explicar quién se benefició. Ahí su advertencia adquiere fuerza ciudadana y deja de depender de la adhesión política.
Lo mismo ocurre con las afirmaciones sobre los ingresos de un comunicador. El antecedente de la cifra atribuida a Carlos Loret de Mola proviene de una controversia de 2022 y fue rechazado por el periodista. Ese antecedente no acredita por sí mismo un ingreso actual.
La discusión importante es si existen conflictos de interés que afecten su trabajo y qué evidencia los demuestra. La cantidad de dinero que alguien gana no resuelve la veracidad de lo que publica. Sus documentos, sus fuentes y su conducta sí permiten examinarla.
El punto central del mensaje de López Obrador permanece: la ciudadanía necesita defender su capacidad de juzgar frente a cualquier poder que pretenda administrarle las conclusiones.
Ese respaldo tiene consecuencias. Obliga a rechazar la información falsa incluso cuando favorece nuestras simpatías. Obliga a reconocer una investigación sólida aunque incomode al movimiento que apoyamos. Obliga a pedir rectificaciones a los propios y a los ajenos.
Porque el pueblo al que invoca López Obrador merece información suficiente para decidir. Merece respeto a su inteligencia. Merece que nadie utilice su confianza como un cheque firmado en blanco.
Darle la razón en esta batalla significa acompañar su exigencia de desenmascarar la manipulación y llevarla hasta sus últimas consecuencias: pruebas públicas, responsabilidades claras y el mismo rigor para todos.
La mentira también quiere gobernar. Su primera victoria ocurre cuando consigue que el ciudadano deje de preguntar.
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