Una captura puede resolverse en minutos. Recuperar la tranquilidad de una ciudad exige mucho más: investigación, presencia institucional, justicia y una autoridad que permanezca cuando los vehículos del operativo hayan abandonado la calle. En esa diferencia se juega el verdadero alcance de la estrategia de seguridad encabezada por Claudia Sheinbaum y ejecutada, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por Omar García Harfuch.
Su trabajo merece una valoración seria. Reconocer avances obliga a examinar sus resultados con el mismo rigor con que se señalan las deudas.
Sheinbaum ha establecido una estrategia que conserva la atención a las causas sociales y la consolidación de la Guardia Nacional, e incorpora como prioridades expresas el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación y la coordinación entre instituciones. Esa definición importa: la seguridad requiere una conducción política capaz de reunir capacidades que, dispersas, pierden eficacia.
La presidenta responde por esa conducción. Harfuch tiene la responsabilidad de traducirla en investigaciones y operaciones, en colaboración con Defensa, Marina, Guardia Nacional, fiscalías y autoridades estatales. Ninguna institución dispone, por sí sola, de todos los instrumentos necesarios para enfrentar organizaciones que combinan violencia, dinero, información y protección.
México ha aprendido dolorosamente que detener a un dirigente criminal no elimina automáticamente su estructura. Quedan operadores, negocios y territorios; aparecen sucesores y, en ocasiones, disputas. Una operación legítima puede producir consecuencias que el gobierno necesita anticipar.
En el lenguaje de inteligencia, el término blowback describe repercusiones adversas que regresan contra quien impulsó una acción. Aplicarlo a México exige precisión. No toda represalia demuestra un fracaso estratégico, ni toda violencia posterior fue causada por una captura. La relación debe probarse. Pero el concepto plantea una pregunta indispensable: ¿qué prepara el Estado para el día siguiente?
Culiacán dejó una enseñanza en octubre de 2019, cuando la respuesta criminal obligó a suspender la acción contra Ovidio Guzmán. En enero de 2023, durante el mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la captura se sostuvo, con un costo humano doloroso. Ambos episodios muestran por qué resulta insuficiente juzgar una administración mediante un lema. Hubo decisiones distintas, operaciones concretas y consecuencias que deben examinarse.
Sheinbaum recibió una estructura federal construida durante ese sexenio, junto con problemas que continuaban abiertos. Entre ellos, la crisis de Sinaloa posterior a la detención de Ismael Zambada en Estados Unidos. Las circunstancias de su traslado requieren claridad; la responsabilidad de proteger a los sinaloenses exige actuación cotidiana. La discusión diplomática no puede sustituir esa obligación.
Ahí cobra valor una estrategia que combine capturas con investigación de redes, recursos y protección institucional. Operación Enjambre ofrece un ejemplo relevante: actuar contra funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones delictivas significa investigar las condiciones que permiten al crimen conservar influencia dentro del gobierno.
Los resultados judiciales reportados en esa operación merecen atención. Una detención abre un procedimiento; una sentencia acredita un avance distinto. Después viene otra tarea: asegurar que la red pierda capacidad y que las instituciones intervenidas funcionen con controles suficientes.
Ese es uno de los aspectos por los que debe valorarse el trabajo de Harfuch. Su responsabilidad comprende la coordinación operativa, pero también la calidad de las investigaciones y la continuidad de las acciones. La eficacia necesita expedientes sólidos. La autoridad necesita legalidad. Sin ambas, los resultados quedan expuestos a deshacerse.
También debe reconocerse la reducción de homicidios comunicada por el gobierno de Sheinbaum. Es un indicador favorable que merece seguimiento y contraste. Sería injusto descartarlo por prejuicio político; sería apresurado convertirlo en prueba de que cada operación tuvo éxito o adjudicarlo a una sola persona.
El mérito corresponde a una labor colectiva bajo la conducción presidencial. La evaluación, además, tiene que llegar a los territorios. Importa cuánto disminuyeron los homicidios, pero también si el productor dejó de pagar extorsión, si una familia desplazada puede regresar y si un comerciante se atreve a denunciar.
La estrategia gana profundidad cuando atiende esas preguntas. Los decomisos y las capturas son instrumentos. Su propósito es reducir la capacidad del crimen para gobernar la vida ajena.
Por eso, dar valor a Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch exige reconocer lo acreditado y mantener abierta la exigencia sobre lo pendiente. La presidenta ha definido prioridades y debe sostener las condiciones políticas e institucionales para cumplirlas. El secretario debe demostrar que la coordinación produce justicia y protección duradera.
Los ciudadanos saben reconocer una mejora. La reconocen cuando abren su negocio sin una amenaza, cuando sus hijos regresan a casa y cuando encuentran una autoridad capaz de escuchar y actuar. Allí se construye la confianza que ninguna conferencia puede decretar.
El desafío es grande, y los avances merecen ser examinados sin mezquindad. Pero la medida final seguirá estando en la calle.
El día en que una captura deje de significar miedo para los vecinos y empiece a significar tranquilidad, el Estado habrá conseguido su victoria más importante.
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