POLÍTICA
Evaluar perfiles políticos exige distinguir entre formación, trayectoria y desempeño. Cada dimensión aporta información; ninguna sustituye a las demás.
En mi columna analizo el trabajo social descrito de Jesús Salazar Zazueta en tres ámbitos: acompañamiento jurídico, apoyo hídrico y convivencia comunitaria mediante encuentros musicales “Por la Paz”.
Su relevancia está en la relación entre atención inmediata y construcción de comunidad. También planteo que Carlos Lomelí, Alberto Uribe y las demás personas aspirantes deben explicar qué resultados de su trayectoria respaldan sus propuestas para Guadalajara.
Una evaluación seria requiere valorar acciones concretas y capacidad para construir soluciones duraderas.
¿Cómo se convierte la experiencia política en una respuesta útil para la ciudadanía?
MÉXICO
El poder también se mide por la capacidad de convocar. Conseguir que quienes tienen responsabilidades, conocimientos e intereses distintos se sienten a discutir un problema común requiere algo más que una invitación: exige interlocución, confianza y una idea precisa de lo que se pretende construir.
En ese terreno comienza a adquirir significado el trabajo de José de Jesús Salazar Zazueta al frente del Observatorio de Seguridad Ciudadana PRO México en Jalisco. Su iniciativa de reunir a autoridades y representantes sociales alrededor de la prevención abre un espacio cuya importancia merece analizarse con seriedad. Las mesas de trabajo y las propuestas de seguimiento han sido recogidas por la prensa local.
La seguridad es una de las pruebas más exigentes para cualquier gobierno. Allí se encuentran sus decisiones con la experiencia cotidiana de la población. Una estrategia puede parecer suficiente en una presentación institucional y resultar lejana para quien teme abrir su negocio, regresar de noche o denunciar una amenaza. Entre esos dos mundos hace falta comunicación, pero también capacidad para obtener respuestas.
Salazar está procurando ocupar ese espacio de interlocución.
El planteamiento tiene una virtud: reconoce que la ciudadanía dispone de información y experiencia que las instituciones necesitan escuchar. El comerciante conoce las presiones sobre su actividad; el estudiante identifica riesgos en sus recorridos; el trabajador sabe dónde comienza a volverse inseguro su regreso; los vecinos pueden advertir el deterioro de una convivencia antes de que aparezca en un diagnóstico oficial.
Organizar esas voces puede mejorar la calidad de las preguntas que se hacen a la autoridad. También obliga a precisar las respuestas. Una preocupación general sobre la inseguridad adquiere otra fuerza cuando se presenta con ubicación, antecedentes, necesidades y una solicitud concreta de atención.
Desde luego, la responsabilidad de garantizar la seguridad corresponde a las instituciones. La participación social contribuye cuando aporta conocimiento, acompaña la prevención y vigila compromisos. Para las familias, involucrarse debe significar una posibilidad de ser escuchadas y atendidas, con canales claros y protección de su información.
Allí se encuentra el reto del Observatorio.
La propuesta de canalizar reportes y sostener reuniones periódicas ofrece una ruta de trabajo. Su utilidad dependerá de la continuidad: recibir una inquietud, identificar a la dependencia competente, solicitar atención y volver sobre el asunto hasta conocer su estado. La cobertura del encuentro recoge precisamente esas propuestas de recepción, canalización y seguimiento.
Ese trabajo demanda una disciplina poco vistosa. Revisar pendientes, insistir ante una oficina, explicar una demora y reconocer que una gestión sigue sin resolverse produce menos reflectores que una ceremonia. Sin embargo, en esas tareas se construye la confianza. Quien entrega una preocupación necesita saber qué ocurrió con ella.
También se necesita independencia.
Un observatorio ciudadano fortalece su autoridad cuando puede reconocer una respuesta adecuada y señalar un incumplimiento con el mismo rigor. La relación con los funcionarios debe permitir conversaciones francas. La cercanía institucional adquiere valor cuando facilita atención, información y correcciones que pueden explicarse públicamente.
Por eso resulta relevante la solicitud de Salazar para revisar protocolos policiales, consignada en la información del encuentro. Introduce una exigencia indispensable: la construcción de seguridad debe incluir el respeto a los derechos de las personas. Pedir explicaciones y formular observaciones forma parte del trabajo ciudadano.
El siguiente paso será ampliar la mesa. Las instituciones académicas y las organizaciones económicas aportan capacidades importantes; las colonias, las víctimas, las mujeres, los jóvenes y las comunidades del interior necesitan participar con voz propia. Un proyecto estatal requiere escuchar experiencias que desbordan la capital y sus círculos habituales de representación.
La valoración del trabajo de Jesús Salazar debe partir de lo que hoy puede reconocerse: iniciativa, convocatoria e interlocución. Los resultados en seguridad exigirán evidencia, tiempo y evaluación. Comunicar esa diferencia da seriedad al esfuerzo y permite establecer una exigencia justa.
Jalisco necesita espacios donde la preocupación ciudadana encuentre responsables, fechas y respuestas. Salazar ha contribuido a abrir uno. Ahora corresponde sostenerlo, hacerlo accesible y rendir cuentas de su utilidad.
El liderazgo que allí pueda consolidarse tendrá su mejor argumento cuando una familia sepa qué respuesta obtuvo y cómo se atendió su problema. Ese será el momento en que la capacidad de reunir a todos se convierta en una razón para seguir confiando.
POLÍTICA
Al analizar el trabajo de los actores políticos más destacados de la zona metropolitana de Guadalajara, me interesa observar cómo construyen sus relaciones con la sociedad. El cargo permite tomar decisiones; la confianza permite que esas decisiones encuentren respaldo y continuidad. Entre ambas cosas existe una tarea que exige paciencia, sensibilidad y oficio.
En esta columna me detengo en Juan Carlos Villarreal y en la orientación que viene dando a su actividad en Tonalá: acercar a los liderazgos sociales y políticos, fortalecer la interlocución y buscar coincidencias alrededor del desarrollo municipal.
Lo considero un esfuerzo que merece atención. Una comunidad necesita dirigentes capaces de reconocer las aportaciones ajenas y de mantener abierta la conversación cuando aparecen diferencias. El crecimiento de un municipio requiere esa capacidad para reunir voluntades y darles un propósito.
Los llamados recientes de Villarreal a la serenidad, al respeto entre aspirantes y a la cohesión permiten identificar una posición pública favorable al entendimiento. La prensa local ha recogido su insistencia en evitar que los conflictos personales debiliten el proyecto compartido en Tonalá. Es una postura relevante, que compromete también su propia conducta política.
Desde mi perspectiva, ahí se encuentra uno de los aspectos más interesantes de su trabajo. Quien aspira a conducir debe aprender a convivir con otras aspiraciones. Necesita escuchar a quienes tienen experiencia, dar espacio a quienes comienzan y comprender las razones de quienes mantienen reservas.
La unidad se construye en esas conversaciones. Requiere atender una inconformidad antes de que se convierta en ruptura, reconocer el trabajo de una organización y aceptar que una propuesta puede mejorar cuando intervienen otras voces.
Esa labor demanda constancia. Una reunión abre una posibilidad; el seguimiento determina si habrá colaboración. Por eso, al valorar el esfuerzo cotidiano de acercamiento que impulsa Villarreal, considero fundamental observar su capacidad para sostener relaciones y convertirlas en compromisos compartidos.
Su interés por articular liderazgos tiene antecedentes públicos. En 2017, UDGTV documentó su participación, como presidente de Ciudad Viva, en un frente formado por organizaciones sociales y vecinales de Tonalá. Ese registro muestra una experiencia de organización que antecede a la coyuntura actual, aunque no permite suponer que todas aquellas alianzas sigan vigentes.
Hoy, el valor de esa experiencia está en lo que pueda aportar al municipio.
Los liderazgos sociales conocen necesidades que con frecuencia se pierden entre expedientes. Saben dónde una gestión permanece detenida, qué preocupación reúne a los vecinos y cuáles compromisos siguen pendientes. Escucharlos con seriedad ayuda a construir una agenda más cercana a la vida de las comunidades.
En esa relación encuentro el sentido que debe tener el humanismo político: reconocer la dignidad de las personas y dar importancia a sus problemas. Se expresa en el trato respetuoso, en la explicación honesta y en la disposición a volver para informar qué ocurrió con una solicitud.
Ese es el criterio con el que analizo a Villarreal. Su discurso de cercanía adquiere valor en la medida en que se traduzca en atención constante y seguimiento. La confianza ciudadana se alimenta de esa congruencia.
También observo una intención de relacionar la convocatoria política con asuntos concretos. Según la cobertura de su asamblea de octubre, situó el agua potable y el mejoramiento de vialidades entre sus prioridades. Son temas que permiten llevar el diálogo hacia propuestas susceptibles de evaluación y acuerdos que necesitan continuidad.
Para que Tonalá continúe creciendo, la colaboración debe alcanzar distintos ámbitos: servicios, movilidad, seguridad, comercio, actividad artesanal y oportunidades para las nuevas generaciones. Reunir a los actores vinculados con esas tareas puede ayudar a establecer prioridades y compartir responsabilidades.
Por ello considero valioso el esfuerzo de Villarreal por ampliar los espacios de entendimiento. Buscar la participación de todos representa una aspiración exigente: supone conversar también con quienes están fuera del grupo cercano y respetar su autonomía.
Al revisar los perfiles políticos de la zona metropolitana, esa disposición merece formar parte de la evaluación. La capacidad de convocar tiene importancia; la capacidad de conservar la confianza y trabajar con otros define su alcance.
Juan Carlos Villarreal ha hecho de la unidad una posición pública. Su responsabilidad consiste ahora en darle profundidad, continuidad y resultados. Ahí estará la medida de su aportación a Tonalá: en las voluntades que logre acercar y en lo que esas voluntades puedan construir para sus habitantes.
POLÍTICA
El poder se acredita cuando una decisión pública encuentra respuesta en la vida cotidiana. En Guadalajara, esa prueba tiene una expresión elemental: abrir la llave y disponer de agua suficiente y de calidad. Desde esa necesidad debe leerse el reconocimiento que el Consejo Agroalimentario de Jalisco dirige a Claudia Sheinbaum Pardo y a Mery Gómez Pozos.
El comunicado firmado por Roberto de Alba Macías coloca sobre la mesa un asunto que merece atención política: la capacidad de convertir una demanda social en una prioridad de gobierno y de presupuesto. Su relevancia está en vincular la intervención presidencial, el trabajo legislativo y la voz de un sector organizado alrededor de una necesidad compartida.
Claudia Sheinbaum Pardo ocupa el lugar central de esa interlocución. La Presidencia de la República dispone de capacidad para convocar instituciones, coordinar esfuerzos y orientar prioridades nacionales. Cuando esa capacidad se aplica a una emergencia local, el federalismo adquiere una utilidad que la población puede reconocer: permite reunir recursos y responsabilidades para enfrentar problemas cuya magnitud exige colaboración.
El reconocimiento del Consejo expresa una valoración favorable de esa intervención. También plantea una expectativa. La atención presidencial eleva la importancia del asunto y, con ella, la obligación de ofrecer información, continuidad y resultados.
En ese proceso aparece Mery Gómez Pozos, cuya posición al frente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública le permite participar en uno de los espacios donde las prioridades políticas deben encontrar respaldo financiero. Allí se mide una parte esencial del trabajo legislativo: identificar necesidades, construir acuerdos y defender asignaciones.
La información publicada sobre el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 recoge una reasignación de 6,500 millones de pesos para iniciar los acueductos Calderón–San Gaspar y sustituto Chapala–Guadalajara. La evidencia consultada acredita un avance en comisión; corresponde distinguirlo de la aprobación definitiva y del ejercicio de los recursos. Esa precisión fortalece el análisis del mérito de la diputada.
Para Mery, el valor político de esta gestión consiste en relacionar su responsabilidad nacional con una preocupación concreta de Jalisco. Una presidencia de comisión cobra significado ciudadano cuando puede explicarse a través de proyectos que atiendan necesidades reconocibles. El agua ofrece esa conexión directa entre la discusión presupuestaria y la economía de los hogares.
El reconocimiento recibido también amplía su interlocución pública. Una organización del sector agroalimentario identifica su participación y la considera digna de respaldo. Esa señal tiene importancia propia, aunque su alcance debe entenderse con precisión: expresa la posición del organismo que firma y constituye una oportunidad para construir confianza mediante seguimiento y rendición de cuentas.
Roberto de Alba Macías aporta otra dimensión al pronunciamiento. Al suscribirlo como presidente del Consejo Agroalimentario de Jalisco, incorpora al sector que representa en una conversación sobre bienestar, infraestructura y futuro metropolitano. La producción de alimentos y la vida urbana comparten una condición indispensable: disponer de agua y administrarla con responsabilidad.
De ahí que el Consejo tenga razones para intervenir en este debate. Su contribución puede extenderse al seguimiento de compromisos, la promoción de una visión sustentable y la exigencia de que las decisiones públicas contemplen las necesidades del territorio. Reconocer un avance también compromete a observar su cumplimiento.
La madurez institucional se expresa cuando una organización puede valorar una decisión favorable y conservar la capacidad de señalar pendientes. Ese equilibrio daría mayor fuerza al posicionamiento de Roberto de Alba y del Consejo: acompañar lo que beneficia a Jalisco y mantener una voz exigente frente a los resultados.
Porque el verdadero centro de esta historia son las familias. Cada anuncio presupuestario necesita traducirse en proyectos definidos, obras supervisadas y mejoras verificables. La coordinación política debe sostenerse durante toda esa trayectoria.
Claudia Sheinbaum Pardo, Mery Gómez Pozos y el Consejo Agroalimentario de Jalisco aparecen en este pronunciamiento vinculados por una causa de evidente interés público. El reconocimiento abre una oportunidad para fortalecer la cooperación y precisar los compromisos.
El mayor valor político de esa coincidencia llegará cuando las familias puedan reconocer sus resultados en el agua que reciben en casa.
NOTICIA
En política, una ventaja empieza a incomodar cuando obliga a los demás a modificar sus planes. Mientras un aspirante ocupa un lugar decorativo, su presencia puede tolerarse con cortesía. Cuando encabeza las preferencias, la cortesía se vuelve cálculo: cuánto tiene, cuánto puede crecer y qué posibilidades deja a quienes también quieren llegar.
Juan Carlos Castro se encuentra en ese punto de la disputa por Puerto Vallarta.
La encuesta de Rubrum levantada el 28 de octubre lo coloca con 41% entre los perfiles evaluados para una eventual candidatura de Morena a la presidencia municipal. Ra Aguilar aparece con 26.1%; Yussara Canales, con 14.2%; Bruno Blancas, con 9.6%, y Flor Michel López, con 9.1%. Entre el primero y el segundo hay 14.9 puntos de distancia.
Una diferencia semejante obliga a hacer cuentas. Quien marcha detrás necesita ganar respaldo, conservar el propio y encontrar una manera de acortar la distancia. Además, debe convencer a sus posibles aliados de que todavía dispone de una ruta viable. Ahí comienza el nerviosismo que puede producir un adversario bien posicionado.
Hablar de miedo, en este contexto, es una interpretación de la competencia. No conocemos las conversaciones privadas ni los sentimientos de los aspirantes. Sí conocemos el resultado publicado y las dificultades que una ventaja así plantea a quienes buscan la misma candidatura.
El dato que merece mayor atención es la trayectoria. La gráfica de Rubrum registra para Castro 26.2% en abril y 41% en octubre: un aumento de 14.8 puntos porcentuales. También muestra que septiembre había alcanzado 41.4%. Octubre, por tanto, representa la conservación de una posición elevada después del crecimiento previo.
Mantenerse tiene consecuencias. Conforme se repite un primer lugar, se vuelve más difícil tratar a su ocupante como una presencia pasajera. Los equipos observan, los dirigentes comparan y los aspirantes reconsideran sus movimientos. Una encuesta no entrega una candidatura, pero puede cambiar las condiciones en que se conversa sobre ella.
Ese es el problema que Castro plantea a sus competidores: su nombre tiene un respaldo medido que exige respuesta.
Desde luego, la crítica conserva su legitimidad. Los cuestionamientos sobre cualquier aspirante deben examinarse por sus pruebas. Sería un error convertir cada observación incómoda en una conspiración o suponer que una buena encuesta absuelve de rendir cuentas. Castro tendrá que responder por sus propuestas, sus decisiones y la viabilidad de lo que ofrezca.
Sus adversarios, a su vez, necesitan algo más que cuestionarlo. La competencia exige construir una preferencia propia. Señalar las debilidades del primero puede formar parte de una estrategia; persuadir al ciudadano de que existe una opción mejor constituye su verdadera prueba.
También corresponde cuidar la precisión del dato. Las láminas de Rubrum señalan 600 entrevistas y su página reporta mil, una discrepancia que la empresa debe aclarar. El estudio es una medición de esa encuestadora sobre posibles candidatos de Morena; no acredita una decisión oficial del partido.
Con esas reservas expresas, la lectura política sigue siendo relevante: Castro ocupa el primer lugar del ejercicio y conserva una distancia considerable.
Para él, esa ventaja implica una obligación creciente. Tendrá que transformar preferencia en confianza, interlocución en acuerdos y presencia pública en una propuesta municipal capaz de responder preguntas concretas. El primer lugar atrae apoyos, pero también eleva el nivel de exigencia.
Para quienes lo enfrentan, el tiempo adquiere otro valor. Cada medición futura permitirá saber si encuentran una respuesta o si Castro consigue afianzar su posición.
Por eso puede hablarse de razones fundadas para el nerviosismo. En la disputa por una candidatura, catorce puntos y nueve décimas representan una distancia que exige trabajo para remontarse.
Castro todavía tiene mucho que demostrar. Sus adversarios ya tienen mucho que resolver.
NOTICIA
Tonalá necesita una definición política a la altura de sus problemas. La seguridad, los servicios públicos, la movilidad y el crecimiento urbano exigen una autoridad que conozca el municipio, entienda sus instituciones y tenga capacidad para responder. Sobre esas responsabilidades debe discutirse quién encabezará el próximo proyecto de gobierno.
En ese debate, Morena tiene razones para considerar una candidatura masculina y para examinar con seriedad el perfil de Juan Carlos Villarreal. Defender esa posibilidad no constituye, por sí mismo, una expresión de misoginia. Lo determinante son los argumentos: trayectoria, resultados, conocimiento territorial y respaldo ciudadano.
La discusión pierde sustancia cuando se pretende resolver mediante una supuesta superioridad de hombres o mujeres. Ningún género garantiza eficacia, honestidad o firmeza. Tampoco la inseguridad convierte automáticamente a un hombre en mejor gobernante. La capacidad para enfrentarla se acredita con decisiones, preparación, coordinación institucional y resultados.
Precisamente por la complejidad de Tonalá, la selección merece un examen exigente de las personas.
El estudio presentado ofrece un elemento favorable a Villarreal: entre los seis perfiles incluidos, registra los mayores porcentajes en experiencia, capacidad, conocimiento del entorno y trabajo para la sociedad. La coincidencia en los cuatro atributos merece atención. Sugiere una posición competitiva dentro del segmento consultado que manifestó votar exclusivamente por Morena.
Su trayectoria también aporta elementos concretos. Haber desempeñado responsabilidades legislativas y municipales permite valorar un conocimiento previo de la administración pública y de las necesidades locales. Esa experiencia debe examinarse junto con sus resultados y propuestas, especialmente frente a una agenda de seguridad que exige mucho más que discursos de autoridad.
Aquí aparece el argumento defendible para una candidatura masculina: si las reglas de paridad permiten esa distribución y una evaluación completa confirma que Villarreal reúne mejores condiciones para competir y gobernar, Morena tendría razones para seleccionarlo.
Sería una decisión sustentada en un perfil determinado. Su legitimidad dependería de un procedimiento claro y de evidencia suficiente.
También debe tomarse en cuenta la voz de la población. Pero escucharla obliga a respetar exactamente lo que respondió. Las tablas disponibles valoran atributos de aspirantes; no muestran una pregunta directa sobre preferencia por un hombre o una mujer al frente del Ayuntamiento. Atribuirles esa conclusión debilitaría una discusión que puede sostenerse con argumentos propios.
Si existe una medición adicional sobre esa preferencia, deberá conocerse su pregunta literal, sus resultados y su metodología. Incluso entonces, correspondería analizarla junto con la evaluación individual de los perfiles y las obligaciones de paridad. Una respuesta sobre género no sustituye el examen de quién puede ofrecer mejor gobierno.
Lo mismo ocurre con el acomodo metropolitano. La eventual postulación de mujeres en otros municipios puede formar parte de la decisión de Morena, siempre dentro de los bloques y reglas correspondientes. Ese escenario abre una posibilidad para Tonalá; todavía requiere una definición partidista verificable.
Villarreal tiene elementos para reclamar una valoración seria: experiencia documentada y una posición descriptiva favorable en el material presentado. Para convertirlos en una candidatura convincente necesita acompañarlos de propuestas, resultados comprobables y respaldo confirmado mediante mediciones comparables.
Defender su eventual postulación es legítimo. La defensa será más fuerte cuanto más se apoye en sus capacidades y en las necesidades de Tonalá.
El municipio merece una candidatura capaz de convertir confianza en gobierno y autoridad en resultados. Si Juan Carlos Villarreal acredita mejor esas condiciones, habrá razones políticas para que encabece el proyecto. Ahí debe asentarse su argumento.
POLÍTICA
El poder municipal comienza a construirse mucho antes de que aparezcan los nombres en una boleta. Se forma en conversaciones pequeñas, en demandas que alguien escucha y en la memoria de los habitantes, que suelen distinguir con bastante precisión entre quien estuvo de paso y quien decidió volver.
Desde esa perspectiva debe examinarse la tercera visita de Juan Carlos Castro Almaguer a La Floresta, en El Pitillal. Según la información proporcionada sobre el encuentro, acudió el viernes 30 de octubre, a las nueve y media de la mañana. La amplitud de la colonia ha motivado sucesivos acercamientos con sus habitantes.
El dato importa porque introduce una variable central en cualquier evaluación territorial: la continuidad.
Una visita permite presentarse. Regresar ofrece la posibilidad de construir una relación. Para un actor político, esa diferencia puede determinar la profundidad de su presencia pública: ser reconocido por un nombre es un primer paso; ser identificado como alguien dispuesto a escuchar y mantener el contacto exige una conducta sostenida.
La tercera visita de Castro constituye, en ese sentido, un indicador favorable. Expresa persistencia en una comunidad concreta y abre oportunidades para ampliar la interlocución. Su alcance dependerá de qué sectores hayan participado y de cuánto contenido acumulen esos encuentros.
En una colonia extensa, el territorio tampoco puede entenderse como una unidad uniforme. Existen horarios laborales, condiciones familiares y necesidades distintas. Conocer una parte no equivale a comprender el conjunto. La reiteración de visitas adquiere valor cuando permite incorporar esas diferencias y construir una lectura más precisa de la comunidad.
Hay antecedentes públicos de la relación de Castro con La Floresta. Publicaciones de julio informaron sobre encuentros en los que vecinos plantearon dificultades de abastecimiento de agua. Esos reportes aportan una referencia previa de presencia y recepción de demandas, aunque no reconstruyen por sí mismos las tres visitas ahora señaladas.
Ese antecedente permite formular la pregunta políticamente relevante: ¿qué ocurre entre una visita y la siguiente?
Ahí empieza a medirse la calidad del trabajo territorial. Una petición recibida puede convertirse en expediente, gestión, respuesta institucional o explicación de por qué todavía no existe una solución. Cuando ese proceso se comunica con claridad, la presencia comienza a adquirir utilidad para los ciudadanos.
Castro tiene en la continuidad una oportunidad y una responsabilidad. La oportunidad consiste en profundizar el vínculo; la responsabilidad, en dar contenido a los regresos. Quien mantiene el contacto dispone de mejores condiciones para conocer las necesidades, pero también queda sujeto a un escrutinio más cercano.
La gente recuerda lo que dijo. También recuerda lo que le respondieron.
Su actividad presenta, además, una dimensión municipal. Los reportes sobre reuniones en Los Portales e Independencia, publicados en agosto y septiembre, permiten ubicar La Floresta dentro de una agenda territorial más amplia. La evidencia disponible describe una secuencia de acercamientos vecinales durante distintos meses.
La interpretación política es que Castro busca construir interlocución mediante presencia reiterada. Ese esfuerzo puede favorecer reconocimiento, confianza y participación. Cada uno de esos efectos, sin embargo, requiere comprobarse: recorrer colonias acredita actividad; consolidar una organización supone relaciones estables, responsabilidades compartidas y capacidad de seguimiento.
La difusión del mensaje de la Cuarta Transformación le proporciona un marco de identidad. Permite explicar desde qué proyecto participa en la conversación pública. Su autoridad personal dependerá de cómo traduzca esa referencia nacional en una conducta local que los habitantes puedan evaluar.
Porque la simpatía por un gobierno y la confianza en un dirigente municipal tienen puntos de encuentro, pero cada vínculo debe construirse con sus propios méritos.
Tampoco hace falta adjudicarle el respaldo de toda La Floresta para reconocer el valor de su constancia. Una asamblea reúne intereses diversos. Algunos asistentes pueden expresar apoyo; otros acuden para plantear un problema o escuchar. La fortaleza del análisis reside en distinguir esas posiciones.
La conclusión favorable es concreta: conforme a la información aportada, Juan Carlos Castro está dando continuidad a su presencia territorial. Volver por tercera ocasión representa una disposición a sostener el contacto que merece ser reconocida.
El siguiente paso será demostrar qué deja cada encuentro.
En la política municipal, la presencia abre la puerta. El seguimiento permite conservarla abierta. Y la confianza se fortalece cuando el ciudadano descubre que su palabra sigue teniendo un lugar después de que termina la reunión.
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POLÍTICA
El poder tiene una costumbre: contemplarse desde arriba. Desde el presídium, desde la ventanilla del automóvil, desde el informe donde las necesidades humanas terminan convertidas en columnas de cifras. Gobernar exige corregir esa perspectiva. Descender hasta el lugar donde una familia hace cuentas y decide qué puede llevar a su mesa.
Desde ahí debe examinarse el trabajo del doctor Víctor Hugo Pérez Rojas en Leche para el Bienestar.
Las aperturas de establecimientos de abasto social pueden parecer acontecimientos menores dentro de una agenda pública dominada por grandes inversiones y disputas políticas. Sin embargo, para quien debe sumar transporte, tiempo y precio antes de comprar un alimento, la cercanía de un punto de venta tiene una importancia concreta. La administración pública adquiere sentido cuando comprende esa escala.
Pérez Rojas aparece en registros institucionales de inauguraciones en Puebla, Ciudad de México y Morelos. En El Salto, Jalisco, también existen antecedentes de su participación junto con la presidenta municipal, María Elena Farías. Esa continuidad permite reconocer una labor territorial vinculada con la expansión del programa, más allá de una ceremonia aislada.
Conviene detenerse en lo que significa esa función. Abrir una lechería supone articular decisiones que suelen permanecer fuera de la fotografía: identificar la demanda, resolver condiciones del establecimiento y hacer posible su incorporación a una red de suministro. Las reglas del programa contemplan requisitos de accesibilidad, higiene y población por atender. Detrás del mostrador existe una responsabilidad administrativa que debe sostenerse todos los días.
En esa responsabilidad se encuentra la dimensión política del cargo.
Un director de Operaciones trabaja en la frontera entre lo que una institución promete y lo que finalmente entrega. En ese espacio se decide buena parte de la credibilidad gubernamental. Una instrucción puede ser impecable en el escritorio y fracasar durante el trayecto hacia la comunidad. La capacidad de ejecución consiste en lograr que llegue completa.
Por eso merece atención la presencia sostenida de Pérez Rojas en actividades de expansión del abasto. Los antecedentes consultados ofrecen razones para reconocer su participación. El alcance definitivo de ese reconocimiento dependerá también de la permanencia de los establecimientos, la regularidad del suministro y la calidad de la atención.
El servicio público se prestigia cuando admite esa exigencia.
La apertura reportada en Infonavit La Mesa debe entenderse dentro de este proceso. Existe un antecedente público de los preparativos municipales para establecer ahí un punto de venta; corresponde conocer y dar seguimiento a sus condiciones de funcionamiento. Para las familias, la noticia alcanza su verdadero valor cuando pueden organizar una compra con la certeza de encontrar el servicio disponible.
Hay, además, una enseñanza sobre la coordinación entre gobiernos. La cercanía municipal y la capacidad operativa federal pueden complementarse para atender necesidades específicas. Cuando esa colaboración funciona, el ciudadano encuentra una respuesta donde antes debía realizar gestiones o recorrer distancias. El mérito pertenece a una cadena de trabajo en la que cada responsabilidad cuenta.
Pérez Rojas tiene una posición relevante dentro de esa cadena. Su tarea ofrece la oportunidad de demostrar que la política social necesita conocimiento del territorio, disciplina administrativa y seguimiento. La sensibilidad permite advertir una necesidad; la operación permite atenderla.
También exige comprender la dignidad de quienes utilizan estos programas. Las familias son titulares de derechos. Merecen información clara, reglas accesibles y un trato respetuoso. El agradecimiento que pueda despertar un servicio debe convivir con la libertad de exigir que funcione mejor.
Reconocer el trabajo del doctor Víctor Hugo Pérez Rojas resulta pertinente por la continuidad documentada de su participación en la expansión del abasto. Ese reconocimiento será más sólido conforme existan resultados públicos que permitan apreciar su alcance y corregir sus insuficiencias.
La política conserva una medida elemental: lo que consigue resolver en la vida de las personas. Una lechería abierta y abastecida puede parecer pequeña desde una oficina. Desde la mesa de una familia, tiene el tamaño de una respuesta.
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POLÍTICA
Puerto Vallarta tiene una ventaja que cualquier gobernante envidiaría: el paisaje hace buena parte de la publicidad. El mar pone el azul, la montaña pone el verde y el atardecer se encarga de los aplausos. Al presidente municipal le corresponde una tarea menos fotogénica: gobernar.
Y ahí es donde la postal necesita revisión.
La publicación difundida por La Nota de Guadalajara, que atribuye sus cifras a Rubrum, coloca a Luis Munguía, presidente municipal de Puerto Vallarta por el Partido Verde Ecologista de México, con 2.01 sobre diez, la calificación más baja del listado presentado. Una boleta que, en términos escolares, obligaría a llamar al padre de familia; en términos políticos, obliga a llamar al responsable del gobierno.
Porque una cosa es administrar un destino de primera y otra aparecer con una evaluación que apenas supera los dos puntos. El turismo puede llegar con reservación; la confianza ciudadana exige resultados.
La ironía tiene colores propios: verde el partido, roja la boleta. Y para semejante combinación no hay filtro fotográfico que alcance.
La cuestión central es qué puede presentar Munguía para responder a esa evaluación. Qué compromisos cumplió, qué servicios mejoraron, cuáles problemas siguen pendientes y en qué plazos piensa resolverlos. Preguntas sencillas, de esas que se complican cuando la respuesta comienza con veinte fotografías y termina sin un solo indicador.
No basta presumir la belleza del puerto. El Pacífico no es una obra del ayuntamiento, los atardeceres no figuran en el presupuesto de egresos y las ballenas, hasta donde sabemos, no pertenecen al equipo de comunicación social.
El gobierno debe acreditar lo suyo.
Para quienes viven en Puerto Vallarta, la administración municipal se mide en la vida cotidiana: la calle que transitan, el servicio que reciben, la seguridad de su entorno y la respuesta a sus solicitudes. El ciudadano tiene una costumbre incómoda para el poder: comparar lo que le prometieron con lo que encuentra al salir de su casa.
Y esa comparación no admite demasiada escenografía.
Un alcalde puede inaugurar una obra entre aplausos y descubrir después que la confianza no quedó incluida en el contrato. Puede llenar de mensajes las redes sociales y seguir debiendo explicaciones en las colonias. La presencia pública ayuda; la capacidad de resolver sostiene.
El Partido Verde, además, tiene una responsabilidad que lleva escrita en el nombre. Su gobierno debe mostrar resultados en saneamiento, manejo de residuos, protección del territorio y desarrollo urbano. La identidad ambiental exige algo más que imprimir propaganda con hojas y arbolitos.
El logotipo podrá traer un ave; la rendición de cuentas no puede salir volando.
Para Munguía, el riesgo político de una evaluación semejante consiste en perder autoridad para convencer. Cuando los ciudadanos dejan de conceder el beneficio de la duda, cada anuncio enfrenta una pregunta previa: ¿ahora sí?
Ese desgaste tampoco se corrige únicamente cambiando de eslogan. La confianza necesita hechos que puedan comprobarse, funcionarios que respondan y compromisos con fecha de cumplimiento. El boletín anuncia; el resultado acredita.
Hacia 2027, la continuidad de su proyecto tendrá que defenderse con ese expediente. Ningún cargo viene acompañado de renovación automática y ninguna estructura partidista sustituye indefinidamente la satisfacción de los gobernados.
La tarea de Munguía es conseguir que la conversación sobre Puerto Vallarta se concentre en resultados que su administración pueda demostrar. Para ello necesita escuchar, corregir y entregar cuentas claras. Gobernar exige aceptar que el ciudadano tiene derecho a calificar, incluso cuando al funcionario no le gusta la boleta.
Puerto Vallarta merece una administración a la altura de su importancia económica y de las necesidades de sus habitantes. Su prestigio como destino turístico debe acompañarse de un gobierno que responda a quienes trabajan, pagan y construyen allí su vida.
Porque la ciudad puede vivir del turismo.
El alcalde no puede gobernar como si estuviera de vacaciones.
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POLÍTICA
En política, el reconocimiento tiene una ventaja: permite llegar a una casa sin tener que explicar demasiado quién toca la puerta. Pero también tiene una limitación: que lo conozcan a uno no significa que quieran abrirle. Entre esas dos circunstancias comienza a dibujarse una disputa interesante para Morena en Guadalajara: Carlos Lomelí representa una trayectoria de amplia exposición pública; Alberto Uribe busca colocar sobre la mesa un argumento diferente, el de la organización territorial acompañada de experiencia municipal.
La diferencia merece atención. Una candidatura necesita conocimiento público, pero también personas capaces de organizar reuniones, escuchar inconformidades y regresar cuando termina el entusiasmo de la primera visita. Si el balance presentado por el equipo de Uribe se acredita, su aspiración tendría un soporte que merece ser evaluado con seriedad.
De acuerdo con ese reporte, su equipo habría visitado 138,550 viviendas, registrado 23,051 simpatizantes y formalizado 12,275 afiliaciones, con presencia en 710 secciones electorales. Son cifras relevantes, aunque todavía requieren corroboración independiente. Su importancia política radica en la posibilidad de que detrás de ellas exista una red permanente de interlocución con los barrios.
Ahí aparece el argumento más favorable para Uribe: está planteando una aspiración que puede evaluarse mediante trabajo concreto. Las visitas pueden documentarse; las afiliaciones pueden validarse; la continuidad de los equipos puede comprobarse. Esa posibilidad de contrastar el discurso con resultados organizativos ofrece una base más sólida para discutir una candidatura que la simple proclamación de popularidad.
Carlos Lomelí conserva un activo que sería un error minimizar: su trayectoria le permite llegar a la conversación con una identidad política reconocible. Sin embargo, esa misma exposición le impone una exigencia mayor. Debe explicar qué puede ofrecer hoy, cómo ampliaría su respaldo y por qué su eventual candidatura tendría capacidad para construir una mayoría municipal.
La experiencia política sirve cuando ayuda a interpretar una ciudad que cambia. Si se utiliza únicamente para reclamar precedencia, termina convertida en argumento de antigüedad.
Uribe tiene, en ese punto, una oportunidad: presentarse como un dirigente con experiencia suficiente para gobernar y con disposición para construir una nueva relación con Guadalajara. Su paso por la presidencia municipal de Tlajomulco le proporciona un antecedente directamente relacionado con las responsabilidades que pretende asumir. Haber encabezado un ayuntamiento significa haber enfrentado decisiones sobre presupuesto, servicios y administración. La calidad de esas decisiones debe examinarse, pero la experiencia existe y resulta pertinente.
Esa es una ventaja importante en el contraste. Una alcaldía exige dirección cotidiana. El presidente municipal debe convertir prioridades en decisiones, coordinar equipos y responder por lo que sucede cuando los servicios fallan. Uribe puede sostener su propuesta sobre ese terreno y explicar, con resultados verificables, qué aprendió y cómo lo aplicaría en Guadalajara.
Lomelí tendría que construir una respuesta igualmente concreta. Su presencia pública y su experiencia en otros ámbitos aportan elementos, pero requieren una traducción municipal: qué gobierno propone, con quién lo integraría y qué capacidad tendría para ejecutarlo.
La comparación, entonces, favorece a Uribe cuando se concentra en la correspondencia entre experiencia y responsabilidad. Su antecedente como alcalde le permite hablar desde una función que conoce. Para aprovecharlo necesita presentar un proyecto tapatío propio, con prioridades claras y conocimiento de las diferencias entre colonias.
También merece atención el reporte de 186 presidencias y 168 secretarías seccionales atribuidas a personas cercanas a su equipo. Si las actas y los respaldos confirman esa presencia, mostraría capacidad para participar en la organización interna y construir acuerdos entre militantes.
Conviene ser preciso: esos cargos pertenecen a órganos partidistas, y sus integrantes conservan criterio propio. No son propiedad de un aspirante ni garantizan votos automáticos. Su valor consiste en lo que puedan aportar a una construcción colectiva.
Uribe tendría una posición más fuerte si entiende esa distinción. La estructura puede convertirse en puente hacia otros grupos de Morena o en motivo de resistencia, según la manera de conducirla. Un dirigente que aspira a gobernar debe demostrar que sabe sumar también a quienes no participaron en su equipo.
La cercanía política con Marcelo Ebrard agrega una dimensión a su trayectoria, pero tampoco sustituye el respaldo local. Su mejor utilidad sería facilitar interlocución y conocimiento de políticas públicas. La legitimidad para Guadalajara tendría que construirse en Guadalajara.
Por eso, el argumento central de Uribe debe descansar en tres elementos que pueden reforzarse entre sí: experiencia municipal, organización comprobable y una propuesta capaz de atraer ciudadanos fuera de su círculo partidista.
Lomelí mantiene posibilidades y debe ser evaluado con el mismo rigor. No hay elementos suficientes para declarar agotado su respaldo ni para atribuirle un rechazo irreversible. Pero tampoco existe razón para suponer que la notoriedad deba darle preferencia automática sobre un perfil que está intentando construir fuerza desde el territorio.
Mi valoración favorece a Alberto Uribe por la combinación de experiencia municipal y el trabajo organizativo que reporta, con una condición indispensable: que ese despliegue se acredite y se convierta en confianza ciudadana. Es un argumento político atendible, aunque todavía no constituye una ventaja electoral demostrada.
Morena haría bien en estudiar esa combinación. La definición de Guadalajara exige valorar quién puede ganar apoyos, mantener unido al movimiento y ofrecer un gobierno con dirección. También exige mirar más allá de los nombres habituales.
Uribe tiene ante sí la posibilidad de demostrar que su aspiración está construida para competir y gobernar. Para ello deberá abrir sus resultados al escrutinio, explicar su proyecto y aceptar que la ciudadanía haga las preguntas incómodas.
Porque en Guadalajara el nombre puede conseguir que abran la puerta. La confianza es la que permite volver.
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POLÍTICA
En política, las señales adquieren valor cuando los hechos que vienen después les dan la razón.
La visita de la dirigencia nacional de Morena a Puerto Vallarta tuvo un propósito público: participar en el Quinto Campamento de Formación Política de Jóvenes. Dentro de ese acontecimiento, la bienvenida difundida por Juan Carlos Castro admite una lectura política. Quien busca construir una posición local procura vincular su nombre con los momentos relevantes de su partido. Castro entendió la oportunidad.
Ariadna Montiel Reyes, Carolina Rangel y Camila Martínez representan responsabilidades centrales en la conducción morenista: presidencia, Secretaría General y comunicación. Su presencia dio al encuentro una dimensión nacional y colocó temporalmente a Vallarta en el centro de una actividad de organización y formación partidista. Así lo recoge la cobertura de la inauguración.
La pregunta interesante es qué puede significar para Castro haber hecho pública esa recepción.
Mi lectura es que buscó emitir una señal de pertenencia y disposición política: presentarse como un actor local que acompaña la agenda nacional de Morena y que aspira a participar en ella. Es una forma de decir “aquí estamos” sin necesidad de pronunciar un discurso de aspiraciones. En los partidos, esa clase de mensajes encuentra destinatarios entre militantes, dirigentes y competidores internos.
La señal existe en el terreno de la comunicación. Su alcance depende de algo que todavía debe demostrarse: la profundidad de la relación y su continuidad. Una bienvenida pública permite proyectar cercanía; para acreditar interlocución efectiva hacen falta conversaciones, responsabilidades compartidas y resultados.
Precisamente por eso conviene leer el episodio con serenidad. No hay en las fuentes revisadas un respaldo explícito de las dirigentes a las aspiraciones de Castro. Tampoco corresponde atribuirle la organización general del encuentro: la información local identifica a José Carlos Atzin como responsable de la organización y anfitrionía del campamento.
Establecidos esos límites, queda una oportunidad política que sería equivocado desdeñar.
Castro puede encontrar en este momento una vía para fortalecer su presencia dentro de Morena. La participación en actividades de alcance nacional permite ampliar relaciones, conocer criterios de organización y mostrar voluntad de colaboración. Quien pretende conducir un proyecto municipal necesita aprender a conversar con distintos niveles de su partido, sin perder la capacidad de escuchar a quienes viven en el municipio.
Ahí está el verdadero examen.
La política tiene una conocida debilidad por los saludos importantes. Hay quienes coleccionan fotografías como antes se coleccionaban tarjetas de presentación: con la esperanza de que el nombre ajeno complete el prestigio propio. El problema llega cuando se apagan las cámaras y nadie sabe qué hacer con la cercanía exhibida.
Castro tendrá que darle contenido a la señal. Si la bienvenida se traduce en colaboración partidista, formación de cuadros y espacios para nuevos liderazgos, habrá contribuido a construir una posición con mayor sustancia. Si queda reducida a una publicación, su efecto será tan breve como la atención que reciben las redes sociales.
El carácter juvenil del campamento ofrece, además, una pista sobre el trabajo que sigue. La convocatoria oficial sitúa el encuentro dentro de una agenda de formación política. Eso obliga a mirar a los jóvenes como participantes con ideas y responsabilidades propias.
Para Castro, acompañar esa formación puede ser más significativo que cualquier gesto protocolario. Un liderazgo municipal se fortalece cuando sabe incorporar capacidades, distribuir responsabilidades y aceptar que una organización necesita voces que no repitan siempre las palabras de quien aspira a encabezarla.
También será necesario llevar esa disposición al territorio. Los ciudadanos juzgan desde sus necesidades: los servicios que reciben, las oportunidades que encuentran y la atención que merecen. La relación con una dirigencia nacional puede facilitar trabajo político; la confianza local exige presencia, propuestas y cumplimiento.
Por eso considero que el recibimiento debe leerse como una señal de posicionamiento de Castro. Una señal inicial, cuyo valor crecerá si aparece acompañada de hechos. Presentarla como una candidatura resuelta sería precipitar la conclusión y empobrecer el análisis.
La oportunidad está abierta. Castro ha buscado asociar su nombre con una visita relevante para Morena y proyectarse como parte de la conversación partidista en Vallarta. Ahora le corresponde demostrar qué puede aportar a esa conversación y, sobre todo, qué puede construir a partir de ella.
Porque en política, el saludo abre una puerta; el trabajo decide si uno tiene razones para permanecer dentro.
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JALISCO
El agua sucia terminó por exhibir algo más que tuberías deterioradas: puso al descubierto las deficiencias de un gobierno que debe responder por la calidad de un servicio indispensable y por la manera en que pretendía financiar su solución.
Pablo Lemus puede agradecer la intervención presidencial, celebrar el anuncio de inversiones y presentar su presencia en Palacio Nacional como una victoria de gestión. Pero las familias que reciben agua de mala calidad o padecen cortes tienen otra medida para evaluar a sus gobernantes: lo que sale de la llave.
La crisis tiene antecedentes de décadas. La obligación de atenderla existe hoy.
Gobernar Jalisco exige vigilar las fuentes de contaminación, mantener la infraestructura, informar con precisión y actuar antes de que la inconformidad se convierta en desesperación. Explicar la antigüedad del sistema ayuda a comprender el problema; utilizarla como defensa permanente deja sin respuesta a quienes pagan por un servicio deficiente.
La conferencia matutina del 28 de octubre marcó un cambio relevante. La Federación anunció una aportación de 14 mil 500 millones de pesos y Jalisco, de 10 mil 200 millones: un compromiso conjunto de 24 mil 700 millones para atender infraestructura de abastecimiento, potabilización y saneamiento.
El rescate de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene una consecuencia fundamental: la inversión conjunta permitirá realizar las obras sin recurrir al endeudamiento de Jalisco para este programa. La intervención federal desplazó la alternativa financiera que había considerado el gobernador y abrió una salida mediante recursos públicos de ambos gobiernos.
Ese es el mérito político de la presidenta. Y esa es también la explicación pendiente de Lemus.
¿Por qué se había planteado otro esquema? ¿Cuánto habría costado? ¿Qué compromisos habría dejado a las siguientes administraciones? ¿Qué alternativas se evaluaron antes de acudir a una fórmula con participación privada?
La propuesta inicial contemplaba intervención privada en construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación. Sheinbaum la cuestionó por considerar que representaba una forma de privatización. El acuerdo posterior sustituyó esa ruta por un esquema que el propio gobernador anunció sin deuda ni privatización.
Conviene precisar el señalamiento: se trata de una propuesta cuestionada por su alcance privatizador y después desplazada, no de una privatización consumada. La crítica adquiere fuerza cuando puede sostener cada palabra.
Por eso resulta indispensable publicar el proyecto original. Los ciudadanos tienen derecho a conocer sus condiciones, sus costos y las razones por las que fue considerado conveniente. Una decisión que compromete infraestructura esencial merece más que versiones enfrentadas.
La llegada de recursos federales puede acreditar capacidad de negociación. Pero conseguir apoyo no borra las deficiencias que hicieron urgente solicitarlo ni convierte automáticamente la respuesta tardía en buen gobierno.
Lemus obtiene margen financiero y respaldo institucional. Sheinbaum concentra el crédito de haber ofrecido una alternativa para evitar deuda. Mi lectura es que la presidenta sale fortalecida como conductora del acuerdo, mientras el gobernador queda sujeto a una prueba mucho más exigente: demostrar que sabe ejecutar la solución y rendir cuentas.
También hay que examinar la solidez presupuestaria del anuncio. Según la información publicada, los recursos federales se aplicarían durante 2027 y 2028 mediante ahorros y reorientaciones, sin una partida específica etiquetada. El compromiso necesita instrumentos, calendario y seguimiento público. La palabra presidencial tiene peso; el ejercicio del dinero debe poder comprobarse.
La ciudadanía necesita saber cuánto corresponde a cada obra, cuándo se contratará, quién la ejecutará y qué mejoras recibirá cada zona. Sin esa información, los miles de millones se convierten en una cifra distante para las familias que siguen organizando su vida alrededor de los cortes.
Lo mismo ocurre con las descargas contaminantes. Lemus informó sobre conexiones irregulares detectadas, clausuras y sanciones. Ahora debe presentar los expedientes que permitan verificar quién contaminó, qué autoridad intervino y qué castigo se ha cumplido.
La responsabilidad gubernamental incluye impedir que la contaminación continúe. Si se anuncian sanciones, deben conocerse sus resultados. Si existen omisiones de vigilancia, deben investigarse. Si hay responsables, deben responder conforme a la ley.
Y permanece abierta la exigencia de esclarecer la actuación policial durante las protestas del 11 de octubre. Las solicitudes de comparecencias y de investigación tienen su propia relevancia. La presentación de nuevas obras no resuelve las responsabilidades por lo ocurrido cuando los ciudadanos salieron a exigir agua de calidad.
El gobierno estatal pretende presentar este acuerdo como una jornada histórica. Tendrá que ganarse esa descripción con resultados.
Por ahora, el balance es claro: hubo una alternativa financiera sustituida, una intervención federal decisiva y un compromiso de inversión que permitirá evitar endeudamiento para las obras anunciadas. Queda pendiente demostrar que la ejecución estará a la altura de la emergencia.
Sheinbaum asumió el compromiso de aportar recursos. Lemus debe acreditar que su gobierno puede transformar ese respaldo en agua suficiente, de calidad y con cuentas claras.
Los jaliscienses ya han puesto paciencia, tiempo y dinero de sus hogares para enfrentar esta crisis. No tienen por qué conformarse con agradecimientos entre autoridades.
La presidenta abrió una salida financiera. El gobernador sigue debiendo resultados.
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