El poder tiene una manera muy particular de perder el oído: empieza por considerar incómoda una pregunta y termina por encontrar amenazante a quien la formula. Entre ambos momentos se levantan las vallas, aparecen los escudos y la conversación queda en manos de quienes llevan casco.
La marcha de este domingo hacia Casa Jalisco nació de una demanda elemental: recibir agua limpia. La convocatoria reunió a ciudadanos que reclamaban por un servicio indispensable. Llegar hasta la residencia oficial significaba llevar la inconformidad al lugar donde esperan encontrar decisiones y responsables. La movilización y el despliegue de antimotines quedaron documentados en la cobertura periodística.
Después llegaron los reportes de gas lacrimógeno y detenciones. También una versión sobre objetos arrojados por un grupo contra la policía. Hay que esclarecer la secuencia completa, investigar las denuncias de golpes y determinar quién autorizó cada intervención. La gravedad de lo sucedido exige precisión: una conducta individual debe investigarse como tal, y la actuación policial debe responder por sus propios límites.
Una valla puede proteger un edificio. La confianza necesita otra clase de protección.
Ese es el problema político de Pablo Lemus. El gobierno enfrenta una exigencia por el suministro de agua y, desde este domingo, debe explicar también el trato dado a quienes acudieron a reclamar. Cada respuesta evasiva corre el riesgo de agrandar ambos conflictos.
Para una familia, el agua sucia tiene consecuencias que difícilmente caben en una conferencia de prensa. Obliga a comprar, almacenar, revisar, desconfiar. Introduce una pregunta en las tareas más sencillas: ¿con esto podemos bañarnos?, ¿lavar los alimentos?, ¿limpiar los utensilios de los niños? Mientras llega una respuesta clara, el hogar paga con dinero, tiempo y preocupación.
En ese terreno, el humor del gobernante puede resultar particularmente costoso.
La cobertura de la entrevista en Radio ITESO describe a Lemus bromeando y riendo al hablar del agua maloliente que recibió en Casa Jalisco. Los reclamos de estudiantes después de aquella entrevista también fueron documentados.
Que el mandatario reciba agua en malas condiciones no ofrece consuelo a quienes llevan el problema hasta la mesa familiar. Ofrece, en todo caso, una razón adicional para exigirle urgencia. Si la falla alcanza la residencia oficial, el gobernador dispone de una experiencia directa para comprender el reclamo.
La intención de aquella risa podrá discutirse. Su oportunidad política es mucho más difícil de defender. Frente a una preocupación por la salud y el gasto doméstico, un gobernante debe medir sus palabras con el mismo cuidado con que exige medir los resultados técnicos.
La autoridad también se construye en esos detalles. En la disposición para responder una pregunta sin impaciencia. En reconocer que una persona angustiada no tiene obligación de expresarse con la serenidad de un funcionario. En entender que la molestia ciudadana necesita soluciones y merece respeto.
Los reclamos del ITESO no permiten hablar en nombre de todo Jalisco. La marcha tampoco constituye una encuesta. Pero ambos episodios son señales que un gobierno sensato debe examinar. Descalificarlas sería desperdiciar una advertencia; escucharlas permitiría corregir antes de que el conflicto se vuelva más profundo.
Hay una tentación recurrente en los gobiernos cercados por una protesta: concentrar toda la explicación en el momento del desorden. Así, la discusión puede acabar girando alrededor de una valla, mientras la causa que llevó a los ciudadanos hasta ella pierde espacio.
El gobierno tiene la obligación de impedir agresiones y proteger a terceros. También tiene la obligación de proteger a quienes se manifiestan pacíficamente. La legislación sobre uso de la fuerza establece límites y exige proporcionalidad y rendición de cuentas. Cumplirlos forma parte de la autoridad que la policía representa.
Por eso hacen falta respuestas concretas. Qué corporaciones participaron. Quién estuvo al mando. Qué medios se utilizaron. Por qué se decidió intervenir. Cuántas personas fueron detenidas y bajo qué motivos. Qué atención recibieron quienes denunciaron lesiones. Qué registros se conservaron para investigar.
El gobernador debe contribuir a que esas preguntas tengan respuesta. Atribuirle una orden directa de agredir requiere pruebas; exigirle transparencia sobre el operativo de su gobierno requiere responsabilidad política.
Y, junto a esas explicaciones, deben aparecer los resultados sobre el agua: muestreos con fecha y ubicación, información comprensible, zonas afectadas, medidas inmediatas y compromisos cuyo cumplimiento pueda revisar la ciudadanía.
Un proyecto anunciado necesita un calendario. Un calendario necesita responsables. Y un responsable debe rendir cuentas cuando la fecha llega.
Lemus todavía puede abrir una salida política. Para hacerlo necesita escuchar a representantes comunitarios, permitir el esclarecimiento de posibles abusos y ofrecer avances verificables en el suministro. La recuperación de confianza dependerá de lo que ocurra en las casas, tanto como de lo que se diga frente a los micrófonos.
También puede prolongar el desgaste. Bastará con tratar cada protesta como un problema de imagen y cada pregunta como una provocación. En ese camino, el gobierno acaba gastando energía en defender sus explicaciones mientras los ciudadanos siguen esperando que funcione el servicio.
La crisis del agua tiene una dimensión técnica. Desde este domingo, el trato a los manifestantes exige una respuesta propia. Ninguna de las dos obligaciones puede esconderse detrás de la otra.
Casa Jalisco puede quedar perfectamente resguardada y el gobierno, aun así, perder terreno. Porque la autoridad se sostiene en la vida que permite a los ciudadanos, en las respuestas que ofrece y en los límites que respeta.
El gobernador puede poner una valla frente a su casa. La pregunta seguirá pasando: ¿cuándo llegará agua limpia a las nuestras?
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