JALISCO

Sheinbaum rescata; Lemus debe explicar

El agua sucia terminó por exhibir algo más que tuberías deterioradas: puso al descubierto las deficiencias de un gobierno que debe responder por la calidad de un servicio indispensable y por la manera en que pretendía financiar su solución. Pablo Lemus puede agradecer la intervención presidencial, celebrar el anuncio de inversiones y presentar su presencia en Palacio Nacional como una victoria de gestión. Pero las familias que reciben agua de mala calidad o padecen cortes tienen otra medida para evaluar a sus gobernantes: lo que sale de la llave. La crisis tiene antecedentes de décadas. La obligación de atenderla existe hoy. Gobernar Jalisco exige vigilar las fuentes de contaminación, mantener la infraestructura, informar con precisión y actuar antes de que la inconformidad se convierta en desesperación. Explicar la antigüedad del sistema ayuda a comprender el problema; utilizarla como defensa permanente deja sin respuesta a quienes pagan por un servicio deficiente. La conferencia matutina del 28 de octubre marcó un cambio relevante. La Federación anunció una aportación de 14 mil 500 millones de pesos y Jalisco, de 10 mil 200 millones: un compromiso conjunto de 24 mil 700 millones para atender infraestructura de abastecimiento, potabilización y saneamiento. El rescate de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene una consecuencia fundamental: la inversión conjunta permitirá realizar las obras sin recurrir al endeudamiento de Jalisco para este programa. La intervención federal desplazó la alternativa financiera que había considerado el gobernador y abrió una salida mediante recursos públicos de ambos gobiernos. Ese es el mérito político de la presidenta. Y esa es también la explicación pendiente de Lemus. ¿Por qué se había planteado otro esquema? ¿Cuánto habría costado? ¿Qué compromisos habría dejado a las siguientes administraciones? ¿Qué alternativas se evaluaron antes de acudir a una fórmula con participación privada? La propuesta inicial contemplaba intervención privada en construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación. Sheinbaum la cuestionó por considerar que representaba una forma de privatización. El acuerdo posterior sustituyó esa ruta por un esquema que el propio gobernador anunció sin deuda ni privatización. Conviene precisar el señalamiento: se trata de una propuesta cuestionada por su alcance privatizador y después desplazada, no de una privatización consumada. La crítica adquiere fuerza cuando puede sostener cada palabra. Por eso resulta indispensable publicar el proyecto original. Los ciudadanos tienen derecho a conocer sus condiciones, sus costos y las razones por las que fue considerado conveniente. Una decisión que compromete infraestructura esencial merece más que versiones enfrentadas. La llegada de recursos federales puede acreditar capacidad de negociación. Pero conseguir apoyo no borra las deficiencias que hicieron urgente solicitarlo ni convierte automáticamente la respuesta tardía en buen gobierno. Lemus obtiene margen financiero y respaldo institucional. Sheinbaum concentra el crédito de haber ofrecido una alternativa para evitar deuda. Mi lectura es que la presidenta sale fortalecida como conductora del acuerdo, mientras el gobernador queda sujeto a una prueba mucho más exigente: demostrar que sabe ejecutar la solución y rendir cuentas. También hay que examinar la solidez presupuestaria del anuncio. Según la información publicada, los recursos federales se aplicarían durante 2027 y 2028 mediante ahorros y reorientaciones, sin una partida específica etiquetada. El compromiso necesita instrumentos, calendario y seguimiento público. La palabra presidencial tiene peso; el ejercicio del dinero debe poder comprobarse. La ciudadanía necesita saber cuánto corresponde a cada obra, cuándo se contratará, quién la ejecutará y qué mejoras recibirá cada zona. Sin esa información, los miles de millones se convierten en una cifra distante para las familias que siguen organizando su vida alrededor de los cortes. Lo mismo ocurre con las descargas contaminantes. Lemus informó sobre conexiones irregulares detectadas, clausuras y sanciones. Ahora debe presentar los expedientes que permitan verificar quién contaminó, qué autoridad intervino y qué castigo se ha cumplido. La responsabilidad gubernamental incluye impedir que la contaminación continúe. Si se anuncian sanciones, deben conocerse sus resultados. Si existen omisiones de vigilancia, deben investigarse. Si hay responsables, deben responder conforme a la ley. Y permanece abierta la exigencia de esclarecer la actuación policial durante las protestas del 11 de octubre. Las solicitudes de comparecencias y de investigación tienen su propia relevancia. La presentación de nuevas obras no resuelve las responsabilidades por lo ocurrido cuando los ciudadanos salieron a exigir agua de calidad. El gobierno estatal pretende presentar este acuerdo como una jornada histórica. Tendrá que ganarse esa descripción con resultados. Por ahora, el balance es claro: hubo una alternativa financiera sustituida, una intervención federal decisiva y un compromiso de inversión que permitirá evitar endeudamiento para las obras anunciadas. Queda pendiente demostrar que la ejecución estará a la altura de la emergencia. Sheinbaum asumió el compromiso de aportar recursos. Lemus debe acreditar que su gobierno puede transformar ese respaldo en agua suficiente, de calidad y con cuentas claras. Los jaliscienses ya han puesto paciencia, tiempo y dinero de sus hogares para enfrentar esta crisis. No tienen por qué conformarse con agradecimientos entre autoridades. La presidenta abrió una salida financiera. El gobernador sigue debiendo resultados. #Jalisco #CrisisDelAgua #AguaLimpiaParaJalisco #ClaudiaSheinbaum #PabloLemus #JaliscoSinDeuda #AguaSinPrivatización #RendiciónDeCuentas #TransparenciaHídrica #ElAguaEsUnDerecho #LemusDebeResponder #AmaurySánchezG