Lemus

Hay momentos en que a un gobernante se le terminan las frases antes de que se le terminen los problemas. Puede acomodar el discurso, cambiar el escenario y encargar otro video; pero cuando una familia abre la llave y sigue desconfiando de lo que sale, la comunicación política encuentra su límite. El agua no entiende de eslóganes. Y quien paga por un servicio tiene derecho a recibir algo más que explicaciones. Pablo Lemus enfrenta una prueba que ya rebasa el manejo de su imagen. Está en discusión la capacidad de su gobierno para resolver, informar y responder por sus decisiones. Porque anunciar que se trabaja resulta relativamente sencillo. Conseguir que ese trabajo se note en la casa de quien lleva meses esperando exige bastante más. La confianza pública se parece a esas tuberías que nadie atiende mientras todavía dejan pasar algo: se desgasta por dentro, acumula presión y un día revienta. Entonces aparecen las prisas, los diagnósticos y los funcionarios que descubren, con admirable puntualidad, aquello que los vecinos llevaban tiempo denunciando. El gobierno tiene derecho a explicar las dificultades técnicas, los problemas heredados y los recursos necesarios. Los ciudadanos tienen derecho a preguntar qué hizo desde que asumió la responsabilidad. Toda administración recibe pendientes; también recibe facultades, presupuesto y obligaciones. La herencia explica el tamaño del trabajo, pero no puede convertirse en una justificación permanente. Si la calidad del agua mejora, deben publicarse análisis suficientes, comprensibles y ubicados por zonas. Las familias necesitan saber qué ocurre en su colonia, qué riesgos se han identificado, qué medidas deben seguir y cuándo podrán esperar un servicio confiable. La tranquilidad sanitaria exige información que pueda verificarse. A estas alturas, el vecino parece obligado a convertirse en químico para interpretar el agua, ingeniero para entender la tubería y abogado para conseguir una respuesta. Todo mientras sigue siendo contribuyente de tiempo completo. La autoridad debería facilitarle la vida, empezando por explicar con claridad aquello que le corresponde resolver. También están las cuentas. Cuando se plantean obras y compromisos que pueden extenderse durante varias administraciones, el costo completo debe conocerse antes de autorizarse. Cuánto corresponde a construcción, cuánto a financiamiento, quién operará y qué ocurrirá si incumple son preguntas elementales. El dinero público no pierde dueño cuando entra a una oficina gubernamental. El acueducto necesita una discusión técnica y financiera seria. La urgencia del agua obliga a actuar, pero también a cuidar lo que se firma. Los ciudadanos deben conocer las obligaciones que asumiría Jalisco, las facultades de los particulares y los mecanismos para conservar supervisión efectiva. Ninguna etiqueta contractual sustituye esas explicaciones. La transparencia debe llegar antes del compromiso. Después, cuando el presupuesto ya tiene destinatario y las obligaciones tienen décadas por delante, suele aparecer esa frase tan conocida por los contribuyentes: “ya no se puede hacer nada”. Precisamente para evitarla sirven el debate público, la revisión legislativa y la participación ciudadana. Pero la crisis ha adquirido otra dimensión: la relación del gobierno con quienes salen a protestar. Los excesos y las detenciones injustas reconocidos después de la primera marcha exigen esclarecimiento. Hay que determinar quién actuó, quién ordenó, quién supervisó y quién pudo impedir una agresión. Reconocer una actuación indebida abre la obligación de investigarla, sancionarla cuando corresponda y reparar sus consecuencias. La responsabilidad política del gobernador incluye conducir ese proceso y ofrecer resultados. Las responsabilidades administrativas y penales deben establecerse mediante pruebas. Ambas exigencias necesitan precisión. Una investigación incompleta puede proteger a responsables; una acusación sin sustento puede facilitarles una salida. Este segundo domingo añadió preguntas que tampoco pueden perderse entre declaraciones y videos. Según los reportes conocidos durante la jornada, personas que querían marchar pacíficamente hacia Palacio de Gobierno optaron por permanecer en el Parque Rojo ante la violencia generada por personas encapuchadas. Esa decisión merece atención: hubo ciudadanos que buscaron preservar el sentido de su protesta y cuidar su integridad frente a conductas que no representaban su demanda. Su reclamo era agua limpia, información y respeto. Terminaron teniendo que proteger también el espacio de su propia manifestación. Arrojar petardos, poner en riesgo a transeúntes o dañar comercios requiere investigación y responsabilidades individuales. Los comerciantes no tienen por qué pagar con sus cristales ni las familias con miedo. La protesta ciudadana conserva toda su legitimidad cuando exige que se esclarezcan también esas agresiones. Y aquí aparece la pregunta inevitable: ¿quiénes eran esas personas y cómo se organizaron? ¿Actuaron por cuenta propia? ¿Existió coordinación? ¿Hubo alguien que facilitara sus movimientos o financiara sus acciones? Preguntarlo es pertinente. Responderlo exige evidencia. Un rostro cubierto dificulta una identificación inmediata; no debería garantizar impunidad ni autorizar que cualquiera les asigne una filiación política según su conveniencia. El domingo anterior, Lemus habló de un supuesto grupo de choque de aproximadamente 400 personas. Esa afirmación sigue necesitando sustento: cómo se obtuvo la cifra, qué conductas se documentaron y qué relación existía entre quienes presuntamente agredieron y quienes fueron detenidos. Los incidentes de esta segunda jornada no prueban retrospectivamente aquella versión. Cada fecha tiene sus hechos, sus víctimas, sus decisiones y sus responsabilidades. Mezclarlas sería cómodo para el discurso y perjudicial para el esclarecimiento. Ahora corresponde preguntar qué hizo la autoridad ante las agresiones reportadas este domingo. ¿Cómo protegió al contingente pacífico, a comerciantes y transeúntes? ¿Identificó a quienes lanzaban petardos? ¿Hubo detenciones y puestas a disposición? ¿Qué evidencias preservó? Si optó por contener sin intervenir inmediatamente, debe explicar las razones operativas y sus resultados. Si intervino, debe informar cómo lo hizo. La legalidad exige actuar con necesidad y proporcionalidad, proteger a la población y distinguir conductas. La ciudadanía merece conocer esas decisiones. El gobierno tampoco puede permitir que el debate termine exclusivamente en las capuchas y desaparezca el motivo por el que la gente salió de su casa. La pregunta sobre las agresiones debe investigarse; la exigencia de agua limpia debe resolverse. Ambas tareas forman parte de sus obligaciones. Lemus conserva facultades para corregir. Puede abrir información, revisar compromisos, exigir resultados a su equipo y establecer plazos públicos. Puede escuchar antes de que el conflicto escale y demostrar que entiende la diferencia entre administrar una inconformidad y atender sus causas. Los jaliscienses conservan el derecho de evaluar, organizarse y utilizar los mecanismos legales de participación. Su confianza no pertenece al equipo de comunicación del gobernador ni a sus adversarios. Se construye con lo que viven y con lo que pueden comprobar. Mi opinión es que la salida exige agua confiable, cuentas explicables y justicia. También exige saber quién ejerció violencia y qué hizo la autoridad para impedirla. Las familias que permanecieron en el Parque Rojo merecen respuestas y garantías para volver a manifestarse sin temor. Gobernador: la paciencia también se agota por goteo. Cada compromiso sin fecha y cada pregunta sin respuesta le quitan un poco más de fuerza a la confianza. Porque por sus palabras lo conoceremos; por el agua que llegue, las cuentas que entregue y la justicia que garantice, lo evaluaremos. También llama la atención la presencia de carteles con mensajes de “No agresión” o “No confrontación” junto al resguardo policial. ¿Qué instrucciones recibieron los elementos para esta segunda jornada y qué cambió respecto del domingo anterior? La autoridad debe explicarlo. Los letreros pueden expresar una disposición a evitar enfrentamientos; su cumplimiento se demuestra en la actuación de agentes y mandos. Cabe preguntarse si fueron parte de una estrategia para reducir tensiones después de los excesos reconocidos o una medida de comunicación ante el escrutinio público. Sin conocer las instrucciones del operativo, no puede asegurarse su propósito. Lo que sí corresponde exigir es congruencia: respeto al manifestante pacífico, protección a comerciantes y transeúntes e intervención legal y proporcional ante quien cometa una agresión. El cartel debe convertirse en conducta. Si anuncia que se evitará la confrontación, tiene que acompañarse de decisiones que protejan a la población. Jalisco necesita saber qué cambió en las órdenes, en la supervisión y en los resultados. La confianza empieza a recuperarse cuando el mensaje que sostiene un policía coincide con lo que hace la institución. #PolíticaYPoder #LaPlumaDeAmaury #AmaurySánchez #Jalisco #PabloLemus #AguaLimpiaParaJalisco #ElAguaEsUnDerecho #Transparencia #RendiciónDeCuentas #DerechoALaProtesta

Amaury Sánchez González

Columnista

Hace 22 días