OPINIÓN

Guadalajara: el agua sale turbia y las cuentas también

En Guadalajara, abrir la llave se ha convertido para muchas familias en una especie de sorteo: a ver qué sale, de qué color viene y si esta vez el olor permite acercarse sin hacer gesto. El recibo, en cambio, conserva una admirable regularidad. Ese llega perfectamente identificado, con números legibles y fecha de vencimiento. Ojalá el agua tuviera semejante control de calidad. Detrás del enojo ciudadano hay un problema que merece explicarse con claridad. No basta decir que Chapala está contaminado, que las tuberías están viejas o que hacen falta miles de millones. Todo eso necesita documentos, mediciones y contexto. Porque cuando las explicaciones se revuelven, sucede lo mismo que con el agua: el ciudadano termina sin saber qué le están dando. La primera pregunta es sencilla: ¿por qué puede llegar agua sucia a una casa si antes pasó por una planta potabilizadora? La respuesta exige revisar todo el recorrido. Hay que estudiar el agua donde se capta, durante su conducción, al entrar y salir de las plantas, dentro de la red y finalmente en la toma domiciliaria. Después corresponde revisar cisternas, tinacos e instalaciones particulares. Saltarse cualquiera de esas etapas permite señalar culpables con rapidez, pero impide encontrar la falla con precisión. Chapala es una fuente fundamental para el abastecimiento metropolitano. Eso no significa que el agua del lago deba llegar directamente al vaso. Entre la fuente y la vivienda debe funcionar una cadena de tratamiento, vigilancia y distribución. La NOM-179 establece obligaciones para caracterizar el agua y controlar su calidad; la NOM-127 fija límites para el agua destinada al uso y consumo humano. La contaminación de la fuente plantea el trabajo que debe resolver el sistema; no cancela su obligación de resolverlo. Dicho en lenguaje de barrio: si llevamos la ropa sucia a la lavandería, esperamos que salga limpia. Si nos la entregan igual y nos explican que “venía muy percudida”, quizá la explicación sea cierta, pero el servicio sigue pendiente. El siguiente asunto está en el camino. La información revisada distingue el acueducto Chapala–Guadalajara del llamado sistema antiguo, que utiliza tramos de conducción abierta. Sobre este último se han concentrado las explicaciones oficiales de la crisis reciente y las decisiones anunciadas para restringir su utilización cuando la calidad resulte inadecuada. Una conducción abierta obliga a vigilar lo que ocurre durante el trayecto. Para demostrar dónde empeora el agua se necesitan muestras comparables antes y después de los puntos críticos. Si se atribuye el deterioro a descargas domésticas, industriales o agropecuarias, deben identificarse las descargas y documentarse sus características. Aquí aparece una pregunta que vale más que veinte discursos: ¿qué entra al sistema, por dónde entra y qué autoridad actuó para impedirlo? Decir “hay empresas que contaminan” resulta insuficiente. Los ciudadanos necesitan conocer inspecciones, resultados, medidas correctivas y cumplimiento. Tampoco corresponde acusar a una empresa específica sin pruebas. La investigación debe encontrar responsables mediante expedientes, porque el río no puede convertirse en una ventanilla donde cualquiera deposita sus desechos y nadie entrega cuentas. Después viene Miravalle y, con ella, otra confusión frecuente: creer que una planta, por llamarse potabilizadora, garantiza automáticamente que cualquier agua recibida saldrá en condiciones adecuadas. La calidad debe comprobarse. Importan los procesos, los equipos, los insumos, el mantenimiento y los resultados. Si las características del agua cambian, debe evaluarse si el tratamiento responde a esas condiciones. La propia normativa exige que el proceso se determine conforme a la caracterización y las pruebas realizadas. Por eso, antes de discutir únicamente cuántos años tiene una instalación, conviene preguntar cómo funciona hoy. Una planta antigua puede recibir mejoras; una instalación más reciente también puede operar mal. La fecha de nacimiento ayuda a entender su historia. Las mediciones permiten evaluar su desempeño. Y si el agua sale bien de la planta, todavía falta el viaje hasta la casa. La red necesita conservar esa calidad. Por eso deben compararse muestras en distintos puntos y registrarse las condiciones de operación. No basta enseñar un resultado favorable tomado en un lugar para asegurar que toda la población recibe lo mismo. También deben revisarse los depósitos domésticos cuando corresponda. Pero responsabilizar de entrada al tinaco del vecino sería una salida demasiado cómoda. Si el agua ya llega mal a la toma, el problema antecede al almacenamiento particular. La manera de aclararlo es tomar muestras correctamente, no organizar un concurso para ver quién limpia más seguido su azotea. Hay otra cuestión que inquieta: los tandeos. Retirar temporalmente una fuente problemática puede formar parte de una respuesta técnica. Sin embargo, interrumpir el servicio necesita controles adicionales. La Organización Mundial de la Salud advierte que la discontinuidad y las bajas presiones pueden aumentar el riesgo de recontaminación y obligan a almacenar agua en condiciones que también requieren cuidado. En otras palabras, cerrar y abrir válvulas no termina el trabajo. Debe saberse qué ocurre cuando regresa el suministro, cómo se vigila la calidad y qué reciben quienes permanecen sin servicio. El calendario de cortes sirve para organizarse; las mediciones sirven para comprobar resultados. Ahora bien, también hay que poner orden en los números. Porque exigir cuentas claras obliga a utilizar cifras claras. En el material revisado aparece que 19 de 41 sitios representan 48.8%. La operación correcta da 46.3%. El error figura incluso en el extracto recuperado del documento oficial. Corregirlo no disminuye la importancia del problema: mejora la seriedad con la que se explica. Asimismo, hay que distinguir los periodos de los estudios. El diagnóstico de Conagua de 2012–2018 registró para Chapala 19 sitios en amarillo y 16 en verde. El texto proporcionado atribuye al periodo 2012–2024 una distribución distinta. Ese apartado reciente no pudo verificarse íntegramente en esta revisión; por ello, ambas referencias no deben mezclarse ni presentarse como si fueran el mismo estudio. Y atención: el porcentaje de sitios con determinado resultado no equivale al porcentaje del volumen del lago que está contaminado. Tampoco un estudio de la cuenca demuestra, por sí solo, qué salió ayer de una llave en Oblatos, Tonalá o Tlaquepaque. El mapa de contaminación de una fuente y el análisis del agua domiciliaria responden preguntas diferentes. Ambos hacen falta. Llegamos entonces a los millones. Cien millones para una intervención, miles de millones para otra, un acueducto nuevo y una rehabilitación de largo plazo. Las cantidades impresionan, pero deben desglosarse antes de sumarlas: podrían corresponder a etapas distintas o incluir componentes compartidos. El portal estatal contiene proyectos y anexos sobre conducción, potabilización, distribución y saneamiento. También existen convocatorias oficiales para trabajos en Miravalle. Eso permite iniciar una revisión documental. Lo que sigue es comprobar contratos, gasto, avance y funcionamiento. Una licitación demuestra que existe un procedimiento; el agua entregada demuestra si la intervención cumplió su propósito. Respecto de los 18 años atribuidos a la renovación de infraestructura, corresponde pedir la memoria técnica que sustenta ese horizonte. Una transformación completa puede requerir etapas prolongadas. Lo indispensable es explicar qué mejoras se obtendrán mientras tanto y cómo se comprobarán. Nadie puede pedirle a una familia que coloque su necesidad de agua en una sala de espera de casi dos décadas. La responsabilidad política debe investigarse con la misma disciplina. Hay que reconstruir qué advertencias existían, qué mantenimiento se hizo, qué recursos se aprobaron y qué decisiones se tomaron. Eso permite distinguir los problemas heredados de las respuestas actuales. Heredar una falla explica el punto de partida. A partir de ahí, cada administración responde por sus propias decisiones. Y quienes tuvieron responsabilidades anteriores deben ser evaluados con los documentos de su periodo. La ciudadanía merece una revisión completa, sin amnesia selectiva. Mientras se aclaran las cuentas, propongo comenzar por lo elemental: resultados de laboratorio comprensibles por colonia y fecha; información sobre los puntos muestreados; abasto alternativo con calidad comprobada; seguimiento público de obras y una revisión independiente de los episodios denunciados. También hace falta medir cuánto gastan las familias en resolver lo que el servicio no les resuelve. Garrafones, pipas, depósitos y tiempo tienen costo. Ese gasto permite dimensionar el problema social y diseñar una atención que considere a quienes disponen de menos recursos. Guadalajara necesita saber qué agua recibe, qué riesgos se han identificado, qué medidas corresponden y cuándo se evaluarán sus resultados. La confianza puede recuperarse cuando la información permite comprobar lo que se promete. Porque una ciudad no debería necesitar conocimientos de química para abrir la llave con tranquilidad. El agua puede requerir muchas etapas para limpiarse. La responsabilidad pública empieza por una: decir la verdad y demostrarla.