Hay acontecimientos que un gobernante puede recibir como noticia y otros que lo obligan a responder como responsable de una institución. Lo sucedido el domingo frente a Casa Jalisco pertenece a estos últimos. Allí, ante la residencia oficial del gobernador, una protesta por agua limpia terminó entre gas, chorros de agua, lesiones y detenciones que el propio Pablo Lemus reconocería después como injustas.
El domicilio importa. Casa Jalisco representa al Ejecutivo estatal. Sus vallas, sus accesos y el dispositivo que la protege forman parte de una estructura pública de seguridad. Lo ocurrido en sus inmediaciones exige explicar cómo funcionó esa estructura, quién la dirigió y qué decisiones tomó cuando los ciudadanos llegaron a reclamar.
Afuera había personas inconformes con un servicio esencial. Frente a ellas, agentes con facultades, equipo y obligaciones legales. Esa diferencia es el fundamento de la responsabilidad pública: quien dispone de la fuerza del Estado tiene que responder por su empleo. El uniforme concede atribuciones; también impone límites.
El lunes, Lemus explicó la violencia mediante la presencia de un supuesto grupo de choque de unas cuatrocientas personas. En el mismo mensaje anunció que se revisarían posibles excesos policiales. El martes reconoció graves deficiencias del operativo, uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas. También afirmó que nunca debió echarse agua ni gas contra las personas.
Entre esas dos explicaciones hay una distancia que el gobernador debe recorrer con pruebas.
Si había un grupo organizado para provocar violencia, corresponde acreditar su existencia y explicar cómo se identificó a sus integrantes. Si hubo detenciones injustas, corresponde establecer por qué se detuvo a quienes no debían ser detenidos. Si el operativo se salió de control, corresponde identificar quién tenía la obligación de conservarlo.
La ciudadanía no tiene por qué escoger, como quien cambia de canal, cuál mensaje gubernamental le resulta más convincente. Tiene derecho a conocer los hechos que sostienen cada uno.
Es posible reconocer la necesidad de una rectificación y, al mismo tiempo, exigir que tenga consecuencias. Admitir un abuso constituye el comienzo de una respuesta. La investigación, las sanciones y la reparación determinan su seriedad.
El gobernador no puede ofrecer el nombre de un agente como explicación suficiente de un operativo. Una actuación de esta naturaleza tiene mandos, instrucciones, comunicaciones y decisiones. También tiene momentos en que alguien advierte lo que está ocurriendo y debe intervenir para detenerlo. La responsabilidad institucional exige reconstruir toda esa cadena.
Sería jurídicamente irresponsable asegurar, sin pruebas, que Lemus ordenó personalmente golpear a manifestantes. Sería políticamente complaciente considerar que su responsabilidad termina al anunciar una investigación contra subordinados.
Su obligación consiste en garantizar que se esclarezcan los hechos, incluso cuando las conclusiones resulten incómodas para su administración. Allí se mide la autoridad de un gobernador: en su capacidad para someter a examen el aparato que encabeza.
La posible existencia de participantes violentos tampoco resuelve el asunto. Los reportes describen incidentes protagonizados por algunos manifestantes; eso obliga a investigar conductas concretas. La ley exige que la fuerza se emplee con necesidad y proporcionalidad, y que se proteja a quienes participan pacíficamente. Una agresión individual no convierte a toda una marcha en un enemigo colectivo.
El Estado tiene recursos para distinguir, detener conforme a derecho y presentar pruebas. Cuando sustituye esa tarea por una intervención indiscriminada, deteriora la legitimidad que dice defender.
Hay, además, denuncias que vuelven especialmente grave este episodio. Personas liberadas y abogados señalaron que hubo retenciones y agresiones dentro de Casa Jalisco, así como obstáculos para conocer la situación de detenidos y acceder a su defensa. Son señalamientos pendientes de esclarecimiento judicial, cuya gravedad impide despacharlos mediante una declaración de buena voluntad.
Si se confirma que la residencia oficial fue utilizada para mantener personas bajo custodia, deberán explicarse el fundamento, los horarios, los responsables y el trato recibido. Cada ingreso y cada traslado requieren una respuesta verificable. El registro de una detención es una obligación de la autoridad y una garantía para quien queda en sus manos.
Las denuncias de tortura y ocultamiento del paradero deben investigarse con el rigor que exige su posible gravedad penal. Ninguna columna puede sustituir esa investigación. Tampoco una oficina de comunicación puede clausurarla con una frase tranquilizadora.
Lemus anunció la liberación de todos los detenidos. La libertad era una noticia necesaria; quedan por esclarecer las condiciones de cada detención y lo ocurrido durante la custodia. Salir de una instalación no devuelve automáticamente la integridad física, la tranquilidad ni la confianza en la autoridad.
La crisis política proviene también del sentido de aquella marcha. Los ciudadanos acudieron a pedir agua limpia y respuestas. Que el encuentro con el gobierno terminara en un operativo con abusos reconocidos revela una fractura que ninguna estrategia de imagen puede reparar por sí sola.
Casa Jalisco debería ser un lugar desde el cual se escucha y se gobierna. Cuando su perímetro se convierte en escenario de agresiones y detenciones injustas, el problema alcanza directamente la credibilidad del Ejecutivo.
Por eso, señor gobernador, la investigación debe ofrecer resultados públicos, proteger a quienes denuncian y examinar responsabilidades de mando. Los videos deben conservarse completos; los registros deben permitir reconstruir cada caso; las víctimas deben recibir atención y reparación. La promesa de que no vuelva a ocurrir necesita decisiones concretas que la hagan creíble.
Reconocer errores puede honrar a una persona. Corregir instituciones es la obligación de un gobernante.
Lo sucedido ocurrió frente a la residencia oficial que representa su autoridad. Usted mismo admitió que el operativo tuvo graves deficiencias. Desde ese reconocimiento, la pregunta ya no es si hubo algo que investigar, sino hasta dónde está dispuesto su gobierno a permitir que llegue la investigación.
La responsabilidad tiene domicilio: Casa Jalisco. Y la respuesta debe llevar la firma del gobernador.
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